La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) pidió medidas urgentes que "efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto".
En la declaración, con las firmas del presidente de la CECh, monseñor Santiago Silva, y del presidente de Pastoral Social Caritas, monseñor Pedro Ossandón, se aborda la situación en niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos, y en particular lo que ocurre hace décadas en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
"En lugar de recibir el amparo y protección de parte de nuestra sociedad y de los organismos del Estado, son afectados por graves situaciones de maltratos, abusos y hasta muerte", advirtió.
"Es un hecho evidente que no contamos con la legislación, la institucionalidad ni la capacidad de gestión y aplicación de las leyes que estén a la altura de este drama nacional: el tormentoso día a día, noche a noche, que viven niños y niñas que supuestamente deberían recibir cuidado y protección", agregó.
Los obispos chilenos recordaron que desde hace años se ha planteado un conjunto de propuestas para abordar esta realidad “escandalosa e indignante” e indicaron que en 2013 hicieron llegar una denuncia sobre “la realidad de muchos niños y niñas de nuestro país, vulnerados en sus derechos en situaciones de riesgos apremiantes”.
"No bastan mejorías parciales a un sistema que hay que pensar desde sus bases y que requiere de cambios muy radicales para cumplir una función tan delicada para la niñez y el conjunto de la sociedad", aseveraron.
Los prelados chilenos esperan que, con el liderazgo de las autoridades de los poderes del Estado, se pueda pasar "del actual contexto de indignación, de críticas y acusaciones cruzadas a la resolución urgente y clara de medidas que efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto".
"Desde hace décadas muchas instancias religiosas han volcado su misión evangelizadora al servicio y acompañamiento de la niñez y la juventud vulnerada, en medio de complejas dificultades de financiamiento y trabas de diversa índole que el sistema pone a su labor. A pesar de ello, seguimos convencidos de que parte de nuestra misión evangelizadora es acoger a los más pequeños del Señor y esforzarnos por ofrecerles ambientes sanos, seguros y confiables para que se desarrollen y contribuyan al bien común de Chile", concluyeron.
“La relatora quedó impactada y manifestó que de manera urgente solicitará información e intervención al gobierno argentino”, detalló Kosovsky en declaraciones a Prensa Endepa.
El abogado también reveló que “se abordaron temas referidos a otros casos y situaciones de genocidio, criminalización de líderes y otros avasallamientos contra los pueblos indígenas en la Argentina, entendiendo que es necesario un llamamiento para frenar, investigar, reparar y sancionar a los responsables de estas situaciones”.
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